La veterana operadora brasileña Oi se encuentra inmersa en un proceso de quiebra judicial. Enajena activos centrales de telefonía fija mediante subasta judicial para aliviar su deuda, pero sigue sufriendo una grave crisis de flujo de caja. El Séptimo Juzgado Comercial de Río de Janeiro declaró la quiebra de Oi en noviembre de 2025 y la empresa ha presentado apelación contra esa sentencia. Anteriormente, Oi había realizado varias reestructuraciones de deuda y vendido activos de telefonía móvil, fibra óptica y torres para obtener liquidez.
La subasta judicial se cerró en abril de 2026 y el contrato formal se firmó en julio. Oi vendió la Unidad Productiva Independiente (UPI) de telefonía fija a Método Telecomunicações por 60,1 millones de reales brasileños (unos 11,6 millones de dólares estadounidenses) en efectivo. El activo incluye servicios de telefonía fija con conmutación, infraestructura de torres y cableado, base de clientes, contratos laborales y con proveedores. Método asumirá también la operación de los números de emergencia públicos 190, 192 y 193, además del mantenimiento de teléfonos públicos. En las zonas donde Oi era el único proveedor, la nueva compañía debe prestar servicio de voz fija hasta diciembre de 2028. La operación requiere la aprobación del regulador de telecomunicaciones Anatel y del organismo antimonopolio CADE.
Oi envió alertas de riesgo a sus accionistas, advirtiendo que sus reservas de caja podrían agotarse el 1 de agosto de 2026, con riesgo de interrupción de los servicios básicos de telecomunicaciones. Para el sector de A2P‑SMS, Oi es una de las cinco principales operadoras móviles de Brasil. Su incertidumbre operativa afecta a los agregadores de SMS que usan su red, generando riesgos en la estabilidad de los canales y las políticas de venta mayorista.
