El Ministerio de Economía de Chile dio a conocer en enero de 2026 un documento PPT con un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Protección al Consumidor Ley 19.496. El proyecto busca reemplazar el actual modelo de “opt‑out” por el consentimiento expreso previo “opt‑in”, endureciendo el control sobre los mensajes SMS y llamadas salientes automáticas comerciales no autorizadas, al mismo tiempo que regula la identificación de las llamadas de cobranza. El proyecto se encuentra en fase de trámite parlamentario y aún no ha entrado en vigencia.
Normas centrales del proyecto: Los mensajes SMS, llamadas telefónicas y mensajería instantánea comerciales A2P solo podrán enviarse previo consentimiento expreso, escrito o electrónico del consumidor. El usuario podrá revocar su consentimiento en cualquier momento sin justificación. Toda comunicación comercial debe identificar claramente al emisor y habilitar un canal sencillo para darse de baja. Los infractores podrán recibir multas administrativas de hasta 1000 UTM.
El proyecto distingue entre comunicaciones comerciales y comunicaciones de cobranza de deudas: las comunicaciones comerciales se rigen estrictamente por el opt‑in. Las llamadas de cobranza no requieren consentimiento previo del usuario, pero exigen obligatoriamente la identificación de la fuente de la llamada, para facilitar su reconocimiento por parte del usuario y la trazabilidad por parte de los organismos fiscalizadores. Una vez aprobado, el proyecto se sumará al régimen de rangos numéricos 600/809 de SUBTEL, a la lista negra “No Molestar” de SERNAC y a la ley de protección de datos Ley 21.719, generando múltiples capas de regulación.
Importante: se trata únicamente de una propuesta legislativa, no de una norma vigente. Las empresas que operan servicios A2P deben cumplir con la normativa actualmente vigente, seguir la evolución parlamentaria y modificar sus procesos operativos solo después de la promulgación oficial de la ley.
