El 5 de febrero de 2026, Habarirdc publicó un artículo señalando que la República Democrática del Congo promulgó formalmente el "Código Digital" en marzo de 2023, con el que estableció el marco jurídico para la gobernanza digital nacional. La normativa dispone medidas institucionales para la transformación digital, la protección de datos personales y la ciberseguridad, y también creó los organismos correspondientes de supervisión y protección de datos. En su artículo 72, se prohíbe expresamente por ley el envío de mensajes SMS de venta directa sin autorización, y se exige obligatoriamente que los mensajes SMS de marketing incluyan vías efectivas de baja. Sin embargo, más de dos años después de su promulgación, la aplicación práctica de esta ley presenta un retraso grave.
A pesar de contar con un conjunto completo de normas escritas, los reglamentos de aplicación complementarios del código no se han publicado aún, y el organismo rector de protección de datos previsto en la ley no ha entrado en funcionamiento efectivo hasta la fecha, lo que provoca directamente la ausencia de una entidad encargada de hacer cumplir la normativa relacionada con el cumplimiento de A2P SMS. En la práctica, un gran número de ciudadanos siguen recibiendo mensajes SMS y correos electrónicos de marketing y de estafa sin autorización, muchos de los cuales tienen fines de inducción y fraude. Aunque este tipo de conductas son ilegales según la ley, los ciudadanos afectados carecen de vías de recurso para defender sus derechos, y las empresas y personas que incurren en estas infracciones rara vez son sancionadas.
El artículo señala que la República Democrática del Congo está construyendo continuamente diversas plataformas y bases de datos digitales públicas, que recopilan una gran cantidad de información personal de los ciudadanos, pero los mecanismos de supervisión y control complementarios no se han desarrollado al mismo ritmo. La enorme brecha existente entre la legislación y su aplicación práctica debilitará la confianza de la población en los servicios digitales y aumentará los riesgos de filtración de información personal, robo de identidad y estafas cibernéticas. Expertos en materia digital afirman que la protección de datos no puede depender únicamente de las normas legales escritas, sino que también requiere el funcionamiento de organismos concretos, medidas sancionatorias aplicables en la práctica y la difusión de conocimientos sobre los derechos entre la población en general.