El 3 de marzo de 2026, la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) publicó un proyecto de consulta de licencias por categoría para servicios de voz como telefonía de pago, servicios de tarifa de valor añadido y radio troncalizado, que endurece drásticamente la validez de las licencias, las tarifas de solicitud, la competencia del mercado, la localización de datos y la regulación de seguridad, y refuerza el control sobre los proveedores de servicios de voz de nicho.
En cuanto al ciclo de las licencias, el plazo de validez de las mismas se reduce de 15 a 10 años; las licencias ya no se renovarán automáticamente, por lo que las empresas deberán presentar la solicitud de renovación 30 meses antes de su vencimiento. La PTA tiene derecho a rechazar directamente la renovación de las licencias a las empresas que presenten infracciones graves y repetidas. La tarifa de tramitación de la solicitud aumenta de 5.500 rupias a 20.000 rupias, lo que supone un aumento cuádruple; la tarifa inicial de la licencia y la tarifa anual de la misma se mantienen sin cambios. Se aplicará un recargo por mora del 2% mensual por el pago tardío, y las deudas pendientes podrán ser cobradas coercitivamente de la misma manera que los impuestos territoriales impagados.
En el ámbito de la competencia del mercado, se prohíbe a las empresas utilizar los ingresos de otros servicios de telecomunicaciones para realizar subvenciones cruzadas a los servicios de voz; cada servicio con licencia debe presentar cuentas auditadas independientes para prevenir la fijación de precios predatorios y la distorsión del mercado; asimismo, se prohíbe aplicar tratos desiguales e irrazonables a los clientes.
Las normas sobre datos y seguridad nacional son el punto clave de este proyecto: se implementará estrictamente la localización de datos, y se prohíbe la salida del país de la información de los usuarios y los registros detallados de llamadas (CDR), incluidas las regiones de Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán; todo el tráfico de voz dentro del territorio nacional no podrá ser enrutado al extranjero; el acceso remoto desde el extranjero para el mantenimiento y operación de las bases de datos debe contar con la aprobación oficial; el software de herramientas de cifrado requiere aprobación previa. Los operadores deben implementar sistemas de escucha legal que cumplan con las normas ETSI, conservar los registros de llamadas durante al menos 12 meses, y los organismos reguladores tienen derecho a realizar inspecciones in situ de hardware y software.
En el ámbito operativo, se exige a las empresas que inicien sus servicios en el plazo de 1 año después de obtener la licencia; los cambios de red que afecten a la interconexión y al rendimiento deben ser aprobados previamente; los proveedores de servicios que deseen cesar sus actividades deben informar a los usuarios con 90 días de antelación y obtener la autorización regulatoria.
