Chile implementó oficialmente el régimen de registro obligatorio de identidad para números móviles prepagos el 20 de agosto de 2026. En virtud de la Ley General de Telecomunicaciones, tanto líneas nuevas como líneas prepagas ya existentes deben asociarse a la identidad de sus titulares, eliminando el anonimato numérico para combatir el fraude telefónico. La medida se aplica de forma progresiva: los números no registrados fuera de plazo sufren restricciones para realizar recargas, sin desconexión inmediata del servicio.
Según estadísticas del primer trimestre de 2026 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Chile cuenta con aproximadamente 4,425 millones de usuarios móviles prepagos, equivalentes al 19 % del parque total de líneas móviles. Los operadores deben conservar datos de identidad: nombre completo, domicilio, cédula de identidad o pasaporte. El trámite se puede realizar por canales digitales en línea o en puntos de atención presencial. Los mecanismos de validación comprenden huella dactilar, reconocimiento facial, preguntas de seguridad, autenticación de dos factores y firma electrónica avanzada. Los flujos de registro reutilizan los sistemas existentes para portabilidad numérica y cambio de tarjeta SIM.
Las nuevas tarjetas SIM prepagas no pueden activarse sin finalizar la verificación de identidad. Las líneas prepagas ya en uso no deben tramitar el registro de forma inmediata; la obligación se activa cuando el usuario ejecuta operaciones asistidas por el operador como recargas o compra de paquetes de datos. Tras recibir la notificación de registro, el usuario dispone de 10 días calendario para completar la validación. Los números que no cumplen en plazo quedan impedidos de recibir nuevas recargas, manteniendo intactos el saldo disponible y los servicios contratados.
La asociación gremial Chile Telcos, integrada por ClaroVTR, Entel, Movistar y otras empresas, informó que trabaja en la simplificación de procedimientos. Los operadores son responsables de la validación de identidad y la custodia de datos personales. La información personal solo se utiliza para fines de registro normativo y no puede destinarse a otros usos. El objetivo es suprimir el anonimato administrativo de las líneas y generar insumos para la trazabilidad de comunicaciones fraudulentas.
