La Ley Orgánica de Telecomunicaciones es la norma fundamental del sector de telecomunicaciones de Venezuela. Sus artículos 12 y 38 definen directamente el marco regulatorio para los servicios de mensajería SMS masiva A2P y llamadas de voz automáticas salientes, cuya autoridad de aplicación recae en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Se configura un ciclo normativo completo que abarca protección de usuarios, registro de proveedores, conservación de registros y régimen sancionatorio por incumplimientos.
El artículo 12 establece expresamente que los proveedores de telecomunicaciones deben proteger a los usuarios frente al acoso por mensajería masiva no deseada. Constituye el fundamento jurídico directo para que los operadores implementen cortafuegos SMS y bloqueen tráfico de envíos masivos anómalos. Al elevar la obligación de lucha contra el spam al rango de ley orgánica, la norma alcanza tanto a proveedores locales habilitados como a agregadores internacionales de acceso transfronterizo: todo tráfico que ingrese a redes venezolanas implica obligaciones de protección al usuario.
El artículo 38 regula el acceso al mercado de proveedores de mensajería masiva. Toda entidad que realice actividades de SMS masivo A2P debe realizar el registro oficial ante CONATEL; además, se prohíbe de forma explícita el uso de rutas transfronterizas grises no registradas. Esta disposición reduce desde el origen el margen de operación de reenvíos anónimos y saltos múltiples de tipo gris, permitiendo rastrear cada mensaje masivo hasta su operador legítimo.
En materia de conservación de datos, la ley obliga a los proveedores a guardar registros de envío, comprobantes de autorización de números y el contenido original de los mensajes por un plazo mínimo de cinco años, documentos que la autoridad reguladora puede consultar en cualquier momento. Este amplio plazo de conservación brinda soporte probatorio para la persecución posterior de infracciones, atención de denuncias de usuarios y trazabilidad de mensajes fraudulentos.
En materia de ejecución normativa, CONATEL cuenta con plenas facultades sancionatorias administrativas: multas elevadas, suspensión de actividades e incluso revocación de licencias de telecomunicaciones. Existe una escala de sanciones que cubre desde incumplimientos leves hasta infracciones graves. Son conductas objeto de persecución prioritaria la prestación no autorizada de servicios A2P sin registro, el uso de rutas grises y el envío de contenidos prohibidos.
