El 28 de agosto de 2026, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia abrió una consulta pública sobre la nueva normativa para los SMS A2P empresariales. Actualmente, el tráfico A2P representa el 98.6% del tráfico total de SMS del país, con un aumento del 739% entre 2017 y 2025, mientras que los SMS P2P personales representan únicamente el 1.4%. El problema del phishing mediante SMS que suplantan la identidad de bancos e instituciones públicas es especialmente preocupante.
La propuesta reconoce los SMS empresariales A2P como un segmento de mercado independiente y abandona el anterior modelo de precio máximo uniforme aplicable a todos los casos, para pasar a un régimen de negociación libre de precios entre empresas dentro de un rango regulado con límites superior e inferior. Durante el periodo de transición se establecerá una tarifa mayorista temporal por mensaje; en marzo de 2027 se publicará oficialmente el primer precio máximo, el cual se actualizará trimestralmente. Asimismo, se contemplan reglas de cobro adicional por capacidad para picos de tráfico excepcionales, y los mensajes A2P en roaming nacional automático estarán sujetos al mismo marco tarifario. Los operadores también deberán reportar de forma independiente los datos de tráfico y los ingresos correspondientes a A2P.
En materia de seguridad y gestión de riesgos, se exige implementar la verificación de identidad del remitente mediante Sender ID, desarrollar un sistema centralizado de validación y revisar las entidades empresariales, las marcas y las plantillas de mensajes, con el fin de lograr la trazabilidad de extremo a extremo de los mensajes. Además, se prohíbe expresamente el uso de números E.164 ordinarios de 10 dígitos para simular tráfico P2P personal y evadir la regulación de A2P.
La implementación de estos mecanismos de seguridad está supeditada a la entrada en vigor de las nuevas reglas de tarificación A2P. Posteriormente, se seleccionará a un tercero como entidad centralizada de validación, al que se le otorgará un periodo de transición de 12 meses para completar la adaptación de los sistemas. La presente convocatoria de opiniones públicas estará abierta hasta el 11 de septiembre de 2026. No se generará ningún costo adicional para los usuarios finales; la regulación solo aplica a las liquidaciones mayoristas entre operadores y agregadores.
